Esta semana la Unión Europea ingresó a Panamá en su lista de negra con base a datos del 2015 al 2018 y al ver las conclusiones lo que provocó que la asamblea Nacional comenzara con un proyecto con la Ley 169, que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. Se aprobó con el fin de facilitar el acceso sobre beneficiarios finales de personas jurídicas que presten servicios de agentes residentes, para evitar los delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas.
Todo esto trajo descontento en los ciudadanos y afortunadamente provocó que el estado pusiera en marcha un proyecto tal como este para salir de esa lista.
